El SOMA-FIA-UGT valora positivamente el acuerdo alcanzado en la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, tanto por la importancia de su contenido, como por su trascendencia para el futuro, ya que, tras más de 20 horas de […]
El SOMA-FIA-UGT valora positivamente el acuerdo alcanzado en la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, tanto por la importancia de su contenido, como por su trascendencia para el futuro, ya que, tras más de 20 horas de intensas negociaciones, se ha logrado el compromiso para acelerar los trámites para poner en marcha el Real Decreto de consumo de carbón autóctono en las próximas semanas.
El Ministerio de Industria se ha comprometido a enviar el 7 de febrero a los miembros de la Comisión la propuesta de resolución que fija precios y cantidades, y a publicarla en el BOE un día después. Por su parte, las centrales térmicas deberán presentar en un plazo máximo de tres días sus cartas de compromiso de adquisición de carbón. Una vez recibidas, el Ministerio de Industria continuará con el procedimiento, salvo impedimentos legales o técnicos ajenos al mismo.
Este acuerdo responde a las expectativas que el sindicato ha venido defendiendo y que se apoya en las resoluciones de 29 de diciembre de 2010 del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y de 22 de diciembre de 2010 de la Secretaría de Estado de Energía. Para el SOMA-FIA-UGT, la resolución debería considerar, contemplando esas resoluciones previas, una mayor flexibilidad, tanto a la hora de fijar los consumos entre las empresas productoras y las compañías eléctricas, como en los porcentajes asignados para reducir paulatinamente los stocks después de 18 meses sin suministrar mineral a las eléctricas para su combustión. El sindicato considera que, al igual que en el conjunto del sector, debe establecerse un mayor porcentaje de reducción de los stocks en la empresa pública, ya que estos suponen un inmovilizado de recursos económicos que repercuten en las cuentas de la compañía.
Entre otros aspectos destacados del acuerdo, también figura el compromiso del Ministerio de Industria de pagar las ayudas de 2011 a un ritmo de tres meses de adelanto hasta totalizar la ayuda anual, así como de estudiar la posibilidad de ampliar los márgenes de tolerancia en los tonelajes ayudados, hasta un máximo del 40%. Por su parte, las empresas asociadas a Carbunión se han comprometido a levantar ordenadamente los ERES en curso.
El cumplimiento de las medidas de manera sostenida llevaría la normalidad al sector, ya que las empresas dispondrán de una estabilidad económico-financiera para pagar las nóminas de los trabajadores y afrontar las deudas contraídas con proveedores, Seguridad Social y Hacienda. Además, ello favorece que se vayan creando condiciones para ir alcanzando los niveles de competitividad señalados en la decisión de la UE a 2018, un plazo temporal que, tal y como el SOMA-FIA-UGT ya ha manifestado, es insuficiente.
El acuerdo permite recuperar los fundamentos del plan general de la minería, ya que, en el último año y medio, la atención estuvo focalizada en el futuro del sector, cuando el objetivo a medio y largo plazo es el cambio de la estructura económica y la diversificación de las comarcas mineras. De hecho, se ha establecido el compromiso para convocar una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento y de la mesa de trabajo que permita analizar la evolución del acuerdo, abordar los aspectos sociales y analizar el proceso de reactivación. En este sentido, debe elaborarse un documento en el que se detalle la situación de los periodos 1998-2005 y 2006-2011 en cuanto a recursos disponibles, proyectos en ejecución, pendientes de elaboración y firma de convenio, asignación de inversión a proyectos aún pendientes…, y analizar el nuevo orden de prioridades, fundamentalmente la creación de empleo, el asentamiento de población, la mejora de la calidad de vida, equipamientos y servicios e I+D+i.
Igualmente, es necesario que se dé contestación a la petición de reunión de la Comisión de Adaptación Laboral formulada por el sindicato para seguir avanzando en las propuestas y discusiones de aspectos del plan 1998-2005, retomados en el plan 2006-2012, que permitan dar respuesta a la situación de los trabajadores de las subcontratas, que se viene agravando en los últimos tiempos como consecuencia de la inestabilidad del sector, que ha provocado rescisiones de contratos a los trabajadores de las empresas matrices y auxiliares.
A pesar de esta valoración positiva, el SOMA-FIA-UGT se muestra cauto y mantiene sus reservas ante los posibles imprevistos que puedan surgir en la implementación del Real Decreto, sobre todo ante la irracional e insolidaria postura de la Xunta de Galicia, que mantiene su negativa a retirar el recurso judicial contra la norma. El SOMA-FIA-UGT ha recordado que cuando en 1996 se iban a cerrar las minas gallegas de lignito, pese a no estar reconocidas como carbón CECA, el sindicato se mostró solidario en la negociación y permitió que tanto los trabajadores como el territorio de Galicia tuvieran el mismo tratamiento que el resto de la minería del carbón, defendiendo las condiciones sociales de los trabajadores excedentes y la aportación de más de 200 millones de euros de fondos de reactivación. Parece que lo único que pretende la Xunta de Galicia con esa actitud es presionar al Gobierno para arrancarle concesiones y buscar un desgaste político y sindical por intereses electorales.
En cualquier caso, el SOMA-FIA-UGT se mantendrá vigilante para exigir que se cumpla lo firmado y se ponga en marcha el Real Decreto. La federación ha destacado la voluntad de todas las partes para alcanzar el acuerdo y ha reconocido el trabajo y la voluntad política de los representantes del Ministerio de Industria, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas y la gerencia del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, con el apoyo de sus equipos técnicos.
Estos compromisos se enmarcan en el largo proceso de negociaciones que culminaron con el acuerdo del pasado 30 de septiembre, tras movilizaciones de los trabajadores y de la sociedad civil y un encierro de los representantes sindicales en el Ministerio de Industria, con huelga de hambre incluida, que permitió la aprobación del Real Decreto de consumo de carbón nacional y la firma de contratos entre las empresas productoras y las centrales térmicas, interrumpidos como consecuencia de los recursos judiciales presentados por las compañías eléctricas (a excepción de HC Energía y E.On), que finalmente han retirado.
