Ante el ataque y la criminalización del movimiento sindical hay que dar una contundente respuesta. NO NOS VAN A CALLAR.
José Luis Alperi Jove, y toda la CER, ponen de manifiesto la ofensiva penal contra el derecho fundamental de huelga y los procesos contra cientos de sindicalistas en el ejercicio de este derecho.
Se han recopilado 81 expedientes que afectan a más de 260 trabajadores, “unos con sanciones administrativas y otros a los que se les piden penas mínimas de 3 años y un día”.
Con estos procedimientos “se aplica una restricción desproporcionada del ejercicio del derecho de huelga y se abren a personas por su representación sindical, no porque se acredita su participación en los hechos denunciados”.“Se ha creado una dinámica de criminalización de la acción sindical con el fin de desalentar a los trabajadores de la promoción de movilizaciones y propiciar la transmisión de una proyección pública del derecho de huelga como si fuese una práctica delictiva”.
Cabe recordar que en España “el ejercicio del derecho a huelga se caracteriza durante los últimos 35 años por la ausencia de violencia, pero en una huelga se pone en evidencia un escenario de conflicto donde siempre puede haber cierta tensión, como ha manifestado ya el Tribunal Constitucional. Pero la Fiscalía no ha contemplado este hecho y ha producido un desequilibrio a favor del Código Penal y en perjuicio de los trabajadores y del derecho fundamental de huelga, amparado por la Constitución”.
Por ello, “nos hemos dirigido ya al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, para cambiar la normativa en el Código Penal” con el fin de reponer derechos que se están socavando, como el derecho de huelga y libertad sindical, y “también al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y remitiremos denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT y ante el Comité de Derechos Sociales”.
Se han convocado movilizaciones el 1 de julio en la Plaza de Callao de Madrid y el día 9 de julio en las diferentes provincias de nuestro país, para denunciar esta situación y defender el ejercicio constitucional del derecho a huelga.
