El término del encierro en Candín y Santiago no significa el fin de las movilizaciones

El final de los encierros en los pozos Santiago y Candín no supone el abandono «de las acciones necesarias para derribar la postura inmovilista y la nula voluntad del Ministerio de Industria de negociar y convocar la Comisión de Seguimiento del Plan». Así lo ha explicado el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fernández Villa, […]

El final de los encierros en los pozos Santiago y Candín no supone el abandono «de las acciones necesarias para derribar la postura inmovilista y la nula voluntad del Ministerio de Industria de negociar y convocar la Comisión de Seguimiento del Plan». Así lo ha explicado el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fernández Villa, que anunció que otros diez trabajadores han tomado el relevo de los compañeros que esta tarde finalizaban su encierro: cuatro mineros han entrado en Candín y seis más, de los pozos Monsacro y San Nicolás, en la explotación mierense.

La Comisión Ejecutiva del SOMA-FITAG-UGT también ha acordado dirigirse a la federación estatal FITAG-UGT para analizar, conjuntamente con la Federación de Industria de CCOO, el desarrollo de las acciones desarrolladas hasta la fecha y articular una nueva estrategia y un calendario de movilizaciones «ante las provocaciones del Ministerio de Industria». A juicio del sindicato, debería considerarse la elaboración de una propuesta sindical «que permitiese abrir un espacio de negociación, llevando a efecto la convocatoria de la Comisión de Seguimiento» y a la que «Carbunión sería invitada a incorporarse, aunque los intereses que se defienden son claramente contrarios». Para el SOMA-FITAG-UGT, el cumplimiento de lo pactado en el plan vigente hasta el 31 de diciembre de 2012 «es el marco mínimo» a respetar.

José Ángel Fernández Villa manifestó que entre las acciones que el sindicato desarrollará en las próximas semanas «se incluye como prioridad controlar que el carbón extranjero depositado en El Musel no sea suministrado a las centrales térmicas». El secretario general del SOMA-FITAG-UGT contrapuso las 600.000 toneladas de carbón colombiano almacenadas en el puerto gijonés y las pretensiones de liquidar el sector minero con la necesidad de seguir contando con el carbón autóctono, «un recurso estratégico desde el punto de vista energético y fundamental para el tejido económico y social de las comarcas mineras y de Asturias».

La unidad de acción sindical fue otra de las cuestiones aludidas por Fernández Villa, «como instrumento que fortalece el movimiento obrero». Señaló que esa unidad de acción «es más necesaria que nunca», ya que el objetivo común es defender el futuro de la minería, del empleo y de las comarcas mineras, «donde la tasa de paro juvenil supera el 42% y los procesos de reactivación económica y diversificación empresarial no han respondido a las expectativas». El secretario general del SOMA-FITAG-UGT afirmó que «de producirse el desenlace que presagia la intransigencia del Gobierno, las repercusiones económicas, sociales y de empleo no sólo afectarían a las comarcas mineras, sino al conjunto de Asturias».

Consciente de que algunas medidas de presión, como los cortes de tráfico, han podido causar molestias a la población, el SOMA-FITAG-UGT ha pedido disculpas y comprensión a quienes se hayan visto afectados por ellas, y ha aclarado que «la actitud arrogante y casi rayando el desafío del ministro de Industria, ha exigido emprender acciones como esas». Fernández Villa señaló que el sindicato que dirige «tiene la suficiente madurez y experiencia para gestionar su acción sindical», por eso hizo un llamamiento a «normalizar» las acciones que se han venido desarrollando en las comarcas mineras. Sin embargo, quiso dejar patente que «el nivel de tensión alcanzado en algunas protestas ha sido consecuencia de la actitud radicalizada y provocadora de algunos sectores de las fuerzas de orden público». Indicó que la organización «reconoce su papel constitucional y su función en la sociedad, pero rechaza los comportamientos de aquellos que pretenden instrumentalizar la justa lucha de los mineros para convertirla en un conflicto de orden público».