José Ángel Fernández Villa demanda un marco regulatorio estable y definitivo del sector que permita profundizar en el cambio de la estructura económica y el empleo en las comarcas mineras
El secretario general del SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, ha manifestado su más enérgico rechazo a las reiteradas decisiones que, desde el año 2008, viene manteniendo Carbunion en cuanto al incumplimiento del pago de los salarios a los trabajadores, instrumentalizando acciones como: el retraso en la canalización de las ayudas al funcionamiento, problemas con el peritaje de los stocks, de las propias relaciones contractuales, la lentitud de los trámites burocráticos y, recientemente, los déficits y retrasos en la elaboración y posterior aprobación definitiva del RD 134/2010 sobre Restricciones por Garantía de Suministro.
No existe ninguna razón que justifique que la patronal del sector convierta siempre en paganos a los trabajadores, por tanto, el SOMA-FIA-UGT, como ya hemos hecho en varias ocasiones, exigimos la puesta en práctica de instrumentos solidarios que demuestren responsabilidad y amplitud de miras para con los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta la situación tan preocupante por la que estamos pasando en estos momentos a nivel socioeconómico.
Esta organización sindical ha venido exigiendo y denunciando, con un año de antelación, de forma continua y reiterada en las distintas Comisiones de Seguimiento celebradas, la necesidad de elaborar una propuesta de Real Decreto que sustituyera de forma estable el marco regulatorio vigente en esos momentos, con objeto de evitar situaciones indeseadas, derivadas de cualquier vacío regulatorio, que afectaran negativamente al conjunto del sector y a las empresas que han abocado a esta situación a sus propios trabajadores, utilizándolos como objetos de presión ante los problemas competenciales del ámbito institucional y político, tanto nacional como comunitario.
En septiembre de 2009, meses después de haber aprobado en solitario y sin dar a conocer la decisión a las organizaciones sindicales que la empresa pública HUNOSA financiara el stock de carbón existente como medida provisional y a corto plazo (medida que luego se prolongó a fin de año), el presidente del Gobierno de España muestra su compromiso y sensibilidad con el cumplimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras en la Fiesta Minera Asturleonesa de Rodiezmo, donde se comprometió a iniciar la negociación y elaboración de una propuesta de Real Decreto de ayudas al consumo del carbón nacional, siempre con la participación de los agentes sociales y económicos directamente implicados en la cuestión, algo que posteriormente cumplió
El resultado del largo proceso negociador es un acuerdo sobre el contenido del Real Decreto así como su publicación en el BOE con anterioridad a su envío a la Comisión Europea. Y todo ello se llevó a cabo en un contexto poco propicio debido a las presiones de los lobbies de poder económico y energético, de algunas compañías eléctricas, de Comisión Nacional de la Competencia y algunos otros organismos nacionales e internacionales, lobbies de poder, cuyas actitudes ya veníamos denunciando desde hace un año y que tienen una enorme responsabilidad, con esa actitud, en la situación tan preocupante que estamos viviendo, una responsabilidad hacia los trabajadores y las comarcas mineras, ya que piensan únicamente en sus propios intereses y no desde un punto de vista colectivo. Así, una vez enviado el documento a la Comisión Europea, que acepta el mismo una vez superadas todas las trabas y exigencias de tipo jurídico y procesal que se venían poniendo al Real Decreto, con la única objeción de modificar el anexo relativo al lucro cesante de aquellas centrales que pudieran dejar de operar debido a la entrada en vigor del mismo. Un desarrollo normativo que en estos momentos no ha sido aprobado de forma definitiva y, por tanto, no ha adquirido vigencia, como consecuencia de la actitud excesivamente burocrática de la Unión Europea.
En este contexto, gracias a la presión ejercida por las organizaciones sindicales y su voluntad de negociación, junto con la disposición del Gobierno, el 18 de mayo del presente año se establece el compromiso de adelantar las ayudas al funcionamiento íntegras correspondientes a lo que resta del año 2010 con objeto de asegurar el compromiso por parte de las empresas del pago de las nominas, hasta el mes de agosto inclusive.Por eso, queremos manifestar una vez más nuestro más firme rechazo a los nuevos retrasos en el pago de las nominas de los trabajadores. En este marco situacional se hace cada vez más necesaria la puesta en marcha de una suficiente, clara y decidida presión política y social con objeto de que el Real Decreto sea definitivamente aprobado en el plazo de tiempo más corto posible, porque esta situación y las medidas adoptadas por la patronal del carbón, no solo tienen repercusiones en los trabajadores, sino que devalúan, restan credibilidad y generan incertidumbre en el futuro de las empresas y de las comarcas mineras y en la aplicación efectiva y global del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, sobre todo ante los trabajadores y el conjunto de la sociedad.
A todo esto hay que añadir el anuncio de cierre de la minería para el año 2014. La realidad nos indica que, de seguir esta compleja situación que vivimos hoy, derivada de la elaboración y aprobación del Real Decreto 134/2010 sobre Restricciones por Garantía de Suministro, con una reducción de la producción de al menos el 33% por un periodo de 15 meses, el cierre de la minería energética del carbón se produciría en el año 2011. Estamos ante una realidad que desde el SOMA-FIA-UGT rechazamos contundentemente, optando prioritariamente por la negociación desde un punto de vista que venimos señalando desde hace tiempo ya basado en la suma de esfuerzos desde el ámbito sindical, político y patronal, junto con la coordinación con los gobiernos, organizaciones sindicales y empresariales de otros países en una situación similar a la nuestra. Sin olvidar tampoco la determinación de nuestra organización de no descartar, en caso de agotar la vía de la negociación y el dialogo y desde la unidad de acción, la movilización de los trabajadores, en defensa de sus derechos y su bienestar y el de sus familias.
Hay que recordar también que el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras es un todo, en cuanto a su cumplimiento, tanto en lo sectorial, en lo referente a los derechos de los trabajadores como en el desarrollo territorial. Por eso, la defensa presente y futura de la minería del carbón, como reserva estratégica y de necesidad energética, tiene que producirse fuera de cualquier visión parcial o de carácter localista. Y por ello, deben ponerse en marcha todos los mecanismos destinados para ello, incluidos los que hacen referencia a la entrada en vigor del Real Decreto o en su defecto, establecer instrumentos de negociación con las compañías eléctricas y la propia patronal minera que doten de solución a esta grave problemática. Tampoco podemos olvidar, y se hace necesario reconocer, ya que hablamos de cuestiones que pueden otorgar viabilidad y estabilidad futura al sector, que algunas empresas mineras, ubicadas en Asturias (Cerredo, Cangas del Narcea y Tineo) tienen fuertes planes de inversión en sus explotaciones, con un potencial de creación de actividad económica y de empleo importante en el medio y largo plazo y que la realidad actual les conduce a una situación económica-financiera y de capacidad de amortización de las inversiones muy difícil y compleja (Cerredo con más de 45 millones de euros y Tineo con más de 25 millones de euros), aunque ello no sirve de justificación alguna para tomar las medidas de no pago de los salarios y más aun cuando los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad.
La puesta en marcha de este Real Decreto debe ser una prioridad a muy corto plazo, no necesariamente ligada temporalmente al otro gran frente abierto para el sector, como es el nuevo marco de ayudas comunitarias. En este último caso se dispone de plazo hasta el 31 de diciembre para la elaboración y posterior aprobación de un nuevo reglamento de ayudas que debería contemplar un horizonte temporal mínimo fijado en el año 2018 o la posibilidad de que dicho reglamento se amplíe al 2020 ó 2023, tal y como ha sucedido y comprometido el gobierno alemán. Por tanto, en este periodo que se abre hasta el 31 de diciembre del presente año no puede establecerse ningún tipo de acuerdo que no contemple la inclusión del artículo 5 del Reglamento CE 1047/2002 del Consejo, de julio de 2002, sobre ayudas estatales a la industria del carbón, además de tener muy en cuenta la necesidad de respetar todos los aspectos sociales y el resto de ayudas que establece el actual plan, tanto en infraestructuras, ayudas empresariales, formación y becas.
Cometeríamos un grave error si nuestro planteamiento sindical se dejase arrastrar por la opinión y las presiones de los poderes económicos, financieros y energéticos, así como los provenientes de algunos ámbitos políticos, en el sentido de reducir el debate de los compromisos establecidos en el plan a meramente los derivados del futuro de la minería del carbón. Desde el SOMA-FIA-UGT siempre hemos calificado este tipo de debates como estériles y vacíos de contenido, tanto y cuanto consideramos que los procesos de ajuste y cierre ya han tocado fondo con el último plan firmado y que en estos momentos solo cabe hablar de una reserva estratégica de carbón, de carácter estable, ya no solo por razones sociales y territoriales sino por motivos de seguridad energética. No solo en estos últimos meses, con toda la problemática que estamos viendo, sino en lo relacionado con el desarrollo de los planes del carbón firmados, hemos encontrado dificultades en numerosas ocasiones, que hemos afrontado y tenido que abordar desde la voluntad de negociación y acuerdo, aunque en más de una ocasión señalamos que el movimiento sindical y los trabajadores nos hemos encontrado solos, ya que hemos tenido que afrontar retos y problemas del sector, de los derechos de los trabajadores, de los recursos y de los proyectos vinculados a la reactivación económica de las comarcas mineras y de Asturias.
Queremos poner el énfasis en la necesidad de articular un debate sobre el futuro del carbón ligado directamente al I+D+i, las nuevas tecnologías, la captura del dióxido de carbono y una combustión limpia del carbón, y también en la necesidad de impulsar la reactivación territorial, para lo que se hace imprescindible la utilización eficiente de todos los recursos económicos disponibles y garantizar la cuantía comprometida hasta el año 2012, fecha en que finaliza el actual plan vigente. Sin olvidar que nuestro país necesita con urgencia una planificación energética decidida y estable, que nosotros defendemos como un mix energético diversificado y es por eso por lo que en el futuro vamos a estar muy atentos al hueco porcentual que se le asigne al carbón, en relación también a otras fuentes energéticas que en muchos casos tienen unos costos muy superiores para el Gobierno que los que pueda suponer el mantenimiento de una reserva estratégica del carbón.
En definitiva, para el SOMA-FIA-UGT, independientemente de que se pueda articular una fórmula de salida a la actual situación, no dejaría de ser un mero parche, como lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo, por lo que ha llegado el momento de soluciones y medidas definitivas. Y es por eso por lo que valoramos de forma positiva la iniciativa de aunar esfuerzos políticos, sindicales, patronales e institucionales que nos lleven hacia esa solución urgente y viable de la que hablaba el presidente del Gobierno hace unos días, para acabar con esta situación de incertidumbre que pesa de forma sistemática sobre la minería del carbón y las comarcas mineras. En este sentido hay que valorar el trabajo y la dedicación profesional de los interlocutores del Ministerio de Industria en este largo proceso, aunque también hay que reconocer que no se ha avanzado con la suficiente intensidad hacia una presión política sostenida en el tiempo. Por eso, esa suma de esfuerzos que se propone en estos momentos (tanto a nivel nacional como europeo) en lo relativo al sector minero, pero que puede ser extensible a cualquier actividad o faceta de la vida social, se debe poner en práctica en el mismo momento en el que se suceden los hechos, ya que de haber sido así nos podría haber evitado llegar a la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Confiamos en que esa suma de esfuerzos que hoy tenemos sobre la mesa dé un resultado satisfactorio, porque no se trata de otra cosa que de cumplir con lo que hemos pactado y de haber ejercido la suficiente presión política, como en estos momentos parece ser que se plantea, durante todos estos años anteriores.
Por todo ello, solicitamos la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento, independientemente de encontrarnos en periodo vacacional, porque para aquellos que tenemos responsabilidades, sea en el ámbito público como de representación de los intereses de los trabajadores, no pueden existir ningún tipo de condicionantes.
